Aida Blanco e Inmaculada Araújo, presidenta y vicepresidenta de la asociación Amino.Gal, respectivamente, lamentan la falta de formación en todos los sectores implicados.
En 2014 un grupo de profesionales de diferentes ámbitos vinculados con la infancia y la adolescencia (sanidad, servicios sociales, educación y justicia) ponían en marcha en Vigo la asociación Amino.Gal (Abuso y Maltrato Infantil No, Galicia) con un objetivo muy claro: mejorar la prevención, detección y asesoramiento en la intervención en situaciones de maltrato a menores, en su opinión, «la realidad más grave sufrida por la infancia y la adolescencia y que en todas sus modalidades constituye un problema social de tal gravedad que es necesario avanzar con respuestas institucionales y ciudadanas». Casi cuatro años después, coincidiendo con la celebración, el lunes, del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, la abogada Aida Blanco y la psicóloga Inmaculada Araújo, presidenta y vicepresidenta de Amino. Gal, respectivamente, hacen balance.
¿Cómo están las cosas hoy en día? ¿Se han cumplido algunos objetivos?
AIDA BLANCO: La asociación nació con el objetivo de reivindicar todo lo que a nuestro juicio eran deficiencias por parte de la administración, tanto de la autonómica como de la de justicia. En lo que respecta a mi campo, la justicia, en 2014 existían dos directivas europeas, una de 2012 y otra de 2011, en las que se hablaba de recursos especializados —jueces, fiscales, turno de oficio, Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia)…— y, a día de hoy, sigue siendo nuestra lucha. Debería haber profesionales con un conocimiento especializado en la materia y no ocurre así. Yo lo veo en mi propio trabajo. Me asignan equipos del Imelga que en un proceso disociativo (un niño cuando sufre algo que le causa un shock como un abuso sexual, para protegerse tiende a disociarse e intenta evadirse, como si ellos no estuvieran allí) interpretan que el niño no ha sufrido el hecho denunciado. Un profesional especializado habría visto que eso es un indicador que está presente tanto en un niño maltratado como en un niño abusado.
INMACULADA ARAÚJO: Cuatro años después estamos agotados. En Galicia somos muy poquitas las voces que estamos en el activismo del maltrato a la infancia. Por eso, los pocos que somos no damos abasto. El que no existan recursos hace que las personas no sepan qué hacer ni a dónde llamar. Ya no hablo solo de familias, sino también de profesionales que al no tener una formación especializada y al no existir unos protocolos claros de actuación y de detección consultan muchísimo. Entonces, una de nuestras reclamaciones es que se forme a los profesionales que tengan que ver con el ámbito de menores: pediatras, psicólogos, educadores, psiquiatras, profesores… No puedes trabajar con un niño que ha sufrido maltrato sin conocer sus síntomas, sus indicadores, lo que puede suponer un hecho traumático para ese niño a corto o largo plazo… El desconocimiento de cómo intervenir con maltrato genera más daño sin querer. Otro de los objetivos de Amino es la prevención. Llevamos a cabo la campaña del Consejo Europeo ‘Uno de cada cinco’ para la prevención del abuso sexual infantil y muchos colegios nos piden que llevemos la campaña a su centro. Tenemos una lista de espera importante. Este tipo de actuaciones (formación, asesoramiento, prevención…) tendría que hacerlas la Administración o subcontratar entidades para que lo organicen porque no hay.
Entonces, ¿no ha habido mejoras?
I.A.: Cuando empezamos no había nada. Según hemos ido sensibilizando, vemos que la Administración sí se va dando cuenta de que hay una demanda. En ese primer paso sí que hemos avanzado. Ahora falta la segunda parte: que se pongan en práctica estos recursos. En Galicia no hay un registro de datos, no hay un observatorio de la infancia específico y si los profesionales no están formados en detectar tampoco se detectan. En comunidades autónomas que llevan 20 años con recursos especializados y formación, como Andalucía, se detecta un 200% más de lo que podemos detectar nosotros.
A.B.: Ha habido mejoras en que, por ejemplo, yendo a la Xunta una y otra vez le hemos hecho ver que necesitamos un recurso especializado para intervención, tanto de víctimas adultas como menores de edad que hayan sufrido abuso o maltrato en su infancia. Estamos trabajando con ellos también en una pequeña campaña de prevención para que toda esta información llegue a toda la gente que trabaja en infancia en centros escolares para enseñar a los más pequeños que es lo que está bien, lo que está mal, lo que pueden permitir, lo que no… Y que ellos mismos cuando se les presente un caso sepan qué hacer.
¿Qué tiene que hacer alguien si sabe que un menor de su entorno sufre malos tratos?
A.B.: Tiene que ponerlo en conocimiento de la Justicia. Nuestra propia legislación obliga a ello. Por los tanto, en el caso de educadores, psicólogos, profesores… deberían notificarlo a la Fiscalía para que esta recabe las pruebas que considere oportunas y formule la denuncia. O, si no, formular la denuncia directamente. Son las dos opciones: notificar a la Fiscalía o, si se tienen las pruebas suficientes, denunciarlo.
¿Y se hace?
A.B.: Existe muchísimo miedo. Inclusive nos hemos encontrado con que el profesional quiere hacerlo y la dirección del centro no se lo permite. Lo primero que me preguntan educadores, psicólogos, etc. cuando me llaman es «qué me va a pasar». Yo les digo que no les va a pasar nada: su obligación es ponerlo en conocimiento de la Justicia, después lo que haga la Justicia no les compete. Pero, por desgracia, puede más el miedo.
I.A.: Tenemos que mentalizarnos de que los niños nunca van a hablar de esto, no van a denunciarlo, no van a solicitar firmas en change.org… Si los que estamos a su alrededor no les ponemos voz, ellos no van a hacerlo. Están totalmente desprotegidos. Afortunadamente, con la violencia hacia la infancia está sucediendo lo que en su momento pasó con la violencia hacia la mujer: antes se desconocía y, ahora mismo, tenemos datos y cada vez se denuncia más. Esto está sucediendo, pero en menor grado y en menor progresión porque un niño no suele alertar ni notificar, suele callarse, guardarlo en secreto. Realmente quien podría denunciarlo serían sus allegados que, en este caso, son los que cometen el maltrato. En el ámbito de la familia sigue habiendo muchos miedos. Se plantean qué va a pasar, si le van a quitar a los niños, si el menor va a sufrir, si no les van a creer, si van a ser estigmatizados… Antes se silenciaba en el 100% de los casos, hoy en día ya no es tanto pero sí sigue silenciándose mucho, también por temas de dependencia emocional, económica, social… Por parte de los profesionales, el miedo tiene que ver con la familia del menor. Temen que les genere venganzas o reproches y también meterse en un proceso judicial tremendo y desgarrador… En otras comunidades autónomas con recursos especializados ya saben que van a estar bien protegidos y pierden ese miedo. Pero aquí el contexto no es facilitador para la denuncia y, cuando por fin alguien tiene la valentía de hacerlo, en la mayor parte de los casos queda archivado sin que siga adelante.
¿Por qué?
I.A.: Porque si no hay unas pruebas cuantificables claras nos basamos solo en el testimonio del niño. Y si cuando le tomamos testimonio el niño se bloquea, puede perder validez como prueba. También sucede que los profesionales del juzgado (fiscales, abogados, jueces), al no estar especializados, tampoco tienen en cuenta esa prueba como única para poder sacar adelante un caso.
Volvemos al mismo tema: la importancia de la especialización.
I.A: Sí, por eso somos tan insistentes. Es imprescindible que conozcamos todos perfectamente este tema y que podamos generar el contexto adecuado porque, por desgracia, esto siempre ha pasado y seguirá pasando. El aporte que podemos dar es que a través de la prevención consigamos que pase muchísimo menos y que, si se da la desgracia de que sucede, se pueda actuar y frenar cuanto antes para que el daño dure lo menos posible.
A.B.: Es necesaria la especialización a todos los niveles, también de los abogados, los jueces, los fiscales y, sobre todo, los equipos psicosociales. En estos puestos tiene que estar gente con una especial sensibilidad hacia estos casos porque no es lo mismo tratar con un homicida que con un niño maltratado o un niño abusado. Si los profesionales son especializados se les causa menos daño. Por ejemplo, si el perito del Imelga hace un buen informe ya no tengo que pedir una segunda exploración. Lo ideal también es que el menor esté en una sala adaptada para niños, con juguetes. Eso a día de hoy no existe.
¿Qué otros retos tiene Amino.Gal?
A.B.: En estos momentos nuestra labor es puramente orientadora. Con el tiempo nuestra intención es, si crecemos un poco, llegar a la intervención, tanto a la judicial como a la psicológica. Pero hoy en día no. Ni siquiera tenemos un local propio. Esto es voluntariado puro y duro. Dedicamos nuestro tiempo y nuestro dinero. Hoy por hoy no tenemos ningún respaldo de la Administración.
Fuente: diariodepontevedra.es
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